Prodecon propondrá reforma legal para frenar facturas falsas

La propuesta busca desalentar la comercialización de estos comprobantes

Por: Belén Saldívar | El Economista

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) presentará, en breve, una propuesta al gobierno para combatir la emisión de facturas apócrifas.

En rueda de prensa, Edson Uribe, subprocurador de la Prodecon, informó que propondrán una reforma legal para desalentar la comercialización de estos comprobantes.

“La propuesta consiste, fundamentalmente, en aplicar una retención de las dos terceras partes del IVA —alrededor de 10.6, de 16% que se cobra— que se cause en toda prestación de servicios que se lleve a cabo en el país, independientemente de que se presten por personas físicas o morales”, acotó.

Lo anterior recaería en quién paga el servicio y lo obligaría a pagar la retención mensualmente.

Además, impactaría directamente en la forma en la que operan las empresas que facturan operaciones simuladas.

“Esto provocaría dos cosas: se rastrearía de forma inmediata quién está comercializando facturas que amparan operaciones inexistentes y, la segunda, le daría al SAT una herramienta de recaudación prácticamente inmediata del IVA”, afirmó.

Explicó que, usualmente, las personas que acuden a una empresa que factura operaciones simuladas pagan una comisión entre 4 y 8% del monto por el cual se les expide el comprobante.

Pero si se retiene una tercera parte del IVA que se cause, quien compra la factura terminaría pagando un precio mayor y menos atractivo.

“En la experiencia de la Prodecon, las empresas que participan en este tipo de esquemas son mayormente prestadoras de servicios, es decir, no comercializan bienes, pues éstos son fácilmente rastreables.

Así que aprovechan lo intangible de los servicios para llevar a cabo la simulación de operaciones para efectos fiscales”, precisó.

La propuesta, agregó, será presentada al gobierno con la intención de que se tome en cuenta para el Paquete Económico del 2019.

Lista negra sólo exhibe

Por su parte, Diana Bernal, procuradora de la Prodecon, indicó que en el país hace falta más voluntad política para combatir estos ilícitos y que la famosa lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es, por sí sola, suficiente para enfrentar este problema.

“Las listas negras son, como diría algún novelista, la marca escarlata, nada más exhiben (…) Por cada empresa fantasma que surge en la lista negra, esa desaparece y crean cuatro más y el problema continía”, aseveró.

“El propio SAT ha reconocido que el artículo 69b ha sido insuficiente para erradicar la compra y venta de facturas falsas, y esto pasa por algo muy sencillo: mientras no obstaculicen la operación del negocio y lo hagan menos atractivo, el negocio va a seguir operando”, abundó por su parte Edson Uribe.

La propuesta de la Prodecon coexistiría con la lista negra del SAT y la del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de considerar la emisión de facturas apócrifas como delito grave.

Si bien no existe una cifra que indique cuánta recaudación pierde el gobierno federal por esta práctica, el SAT estima que del 2010 al corte del 2 de agosto de este año las empresas fantasma han facturado 2.04 billones de pesos.

Por otro lado, en el marco de su séptimo aniversario la Prodecon informó que del 2011 a lo que va de este año ha atendido a 749,695 contribuyentes en sus oficinas alrededor de la República Mexicana.

Diana Bernal precisó que de dicha cifra, 82% son personas físicas de las cuales siete de cada 10 son asalariados, mientras que sólo 18% han sido empresas o sociedades.

De estas últimas, agregó, 99.48% son micro, pequeñas y medianas empresas, mientras que 0.52% restante son grandes contribuyentes.

“La vulnerabilidad de los contribuyentes que acuden y que son apoyados se confirma por el monto del problema fiscal por el que acuden, ya que 89% de los servicios prestados es de asuntos de menos de 20,000 pesos”, explicó.

Asimismo, informó que a mediados de octubre presentarán un libro que narrará 101 historias de terror que han vivido los contribuyentes en México.

Texto original de El Economista